Es difícil encontrar una labor más esencial y humana que la que realizan las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Valladolid. Estas profesionales, en su inmensa mayoría mujeres, cuidan, acompañan y atienden a personas en situación de vulnerabilidad, permitiendo que puedan seguir viviendo en sus hogares con dignidad. Sin embargo, el agradecimiento institucional a esta labor no se traduce en condiciones dignas de trabajo. Muy al contrario, lo que se esconde tras este servicio público es un trabajo con condiciones propias de países mucho menos avanzados.

Según ha denunciado el sindicato CSIF en varias ocasiones, más de 900 trabajadoras -un número que llega a incrementarse en un tercio en periodos vacacionales- sufren una precariedad estructural, marcada por la inestabilidad, la falta de derechos y la absoluta imposibilidad de conciliar la vida laboral con la familiar. Solo 148 de ellas tienen una jornada fija semanal. El resto, más del 80%, están completamente a merced de la empresa, sin saber cuántas horas trabajarán la semana siguiente, en qué horarios ni en qué días.

Esta "flexibilidad extrema", como la define CSIF, impide cualquier tipo de planificación social o familiar. No es posible cuidar de hijos o mayores, formarse, descansar o simplemente vivir, cuando el horario se convierte en una incógnita constante. A ello se suma que la jornada completa teórica de 36 horas rara vez se cumple: la mayoría apenas llega a una media de 25 horas semanales, lo que repercute directamente en unos salarios escasos, que colocan a muchas de estas trabajadoras al borde del umbral de la pobreza.

Las consecuencias de esta incertidumbre no son sólo económicas. También son emocionales y psicológicas. Así lo demuestra la valoración psicosocial que se ha realizado a estas empleadas, y que revela el profundo desgaste que sufren. No hablamos solo de trabajo físico; hablamos de un castigo mental continuado, de estar siempre disponibles sin garantías, de jornadas partidas o interrumpidas por los "tiempos muertos" no remunerados entre una visita y otra.

Resulta especialmente alarmante que el 78% de la plantilla tenga más de 40 años. Es un dato que habla por sí solo: las generaciones jóvenes, muchas de ellas en edad de tener hijos, no encuentran en este sector una salida laboral viable. No es de extrañar. ¿Qué mujer joven podría aceptar un empleo que no le permite saber si podrá recoger a sus hijos del colegio?

Desde CSIF se reclama una evaluación integral del servicio, subrayando que, aunque el trabajo que se realiza es necesario, importante y de calidad, no puede sostenerse sobre los hombros de unas trabajadoras exhaustas, infrapagadas y maltratadas por un sistema que, en lugar de protegerlas, las exprime.

Es hora de que el Ayuntamiento de Valladolid asuma su responsabilidad. No basta con prestar un servicio esencial: hay que garantizar que quienes lo hacen posible puedan trabajar con dignidad. No se puede seguir perpetuando un modelo que deshumaniza a quienes más humanamente trabajan.

Estas trabajadoras, con su dedicación, garantizan cuidados y cubren necesidades básicas de mayores y personas dependientes, colectivo que está aumentando exponencialmente a medida que el fenómeno del envejecimiento de la población se agudiza.

Porque cuidar también es cuidar a quien cuida. Y en Valladolid, hoy por hoy, eso no está ocurriendo.