Asaja Valladolid ha pedido este martes, 20 de mayo, en un comunicado que se suspendan las cotizaciones de las lonjas de Valladolid y Palencia ante la crisis cerealista, ya que, a su juicio, mantener la publicación de precios solo contribuye a agravar la situación de los agricultores, que no pueden cubrir sus costes de producción.

Asaja ha recordado que en la última sesión de la lonja, celebrada el 16 de mayo, los precios continuaron su caída: la cebada bajó hasta los 180 euros por tonelanda, el trigo a 194 euros por tonelada, la avena cayó a 160 euros por tonelada y el centeno a 162 euros por tonelada, según datos oficiales de la lonja de Valladolid y Palencia.

A juicio de la organización agraria, esa evolución "refleja una caída persistente desde principios de año que está arrastrando al límite la rentabilidad de las explotaciones".

"La situación es asfixiante. Los agricultores llevan meses afrontando costes de producción disparados, con precios récord en fertilizantes, fitosanitarios, carburantes, repuestos y maquinaria, mientras el precio de venta de sus productos sigue desplomándose", ha analizado Asaja.

Y a esto, "se suman las incertidumbres del mercado internacional, los efectos de las políticas medioambientalistas mal adaptadas al campo, y la entrada masiva de cereal ucraniano importado a bajo precio y en cantidades masivas que compite deslealmente con el producto nacional. El resultado es una asfixia económica generalizada en el campo de Castilla y León".

Además, Asaja Valladolid ha advertido de que aunque se espera una buena cosecha gracias a las lluvias de primavera, los actuales precios son tan bajos que ni una producción abundante salvará las cuentas de las explotaciones.

Y ha hecho "un llamamiento urgente al Gobierno central, a la Junta de Castilla y León y a las instituciones europeas para que dejen de mirar hacia otro lado y actúen con decisión para salvar al campo".

Además de la suspensión de las lonjas, plantea "reforzar los mecanismos de protección frente a las importaciones de países terceros con estándares menos exigentes cuya responsabilidad recae en el Ministerio de Agricultura y Gobierno central".

Y exige "a las administraciones una revisión inmediata de la Ley de la Cadena Alimentaria, para que ningún productor cobre por debajo de costes, en unas competencias que recaen en la Junta de Castilla y León y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural".

Finalmente, demanda "implementar un plan de choque económico con ayudas directas y bonificaciones fiscales para los agricultores cerealistas que implique al Gobierno y la Junta de Castilla y León".