El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y el presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid, Jesús Mediavilla, han firmado hoy la renovación del convenio de colaboración que ambas entidades mantienen desde 2014. El objetivo es seguir paliando la situación de necesidad que atraviesan muchas familias de la provincia, especialmente las más vulnerables.

Durante el acto, Íscar ha anunciado que la Diputación destinará 90.000 euros a esta causa en el año 2025, y ha subrayado que la pobreza sigue siendo una realidad preocupante en España: "Aunque algunos insistan en que la economía va como un tiro, el indicador AROPE que mide el riesgo de pobreza o exclusión social se ha incrementado en 2024 y alcanza ya al 26,5% de la población, lo que supone 12,7 millones de personas, de las cuales 4,3 millones viven en pobreza severa".

El presidente provincial también ha recordado que desde el año pasado se ha producido un cambio en el modelo de distribución del Banco de Alimentos, sustituyendo las tradicionales entregas por un sistema de tarjetas monedero. Este nuevo formato ha permitido atender en esta edición a 889 personas, a través de 21 entidades sociales distribuidas por la provincia.

Además del apoyo alimentario directo, el convenio contempla dos líneas de actuación complementarias:

1. Educación en los colegios, mediante visitas del Banco de Alimentos para sensibilizar a los escolares sobre la importancia de una buena gestión de los recursos alimentarios.

2. Apoyo al comercio local, ya que al menos 15.000 euros de la subvención irán destinados a la compra de productos alimentarios de productores locales de la provincia, impulsando así la economía rural.

Un convenio con vocación social y territorial

Como en años anteriores, el acuerdo permitirá desarrollar el programa de adquisición y distribución de alimentos por parte del Banco de Alimentos de Valladolid. Los productos serán distribuidos en localidades de menos de 20.000 habitantes a través de entidades sociales con personal profesional de trabajo social, en coordinación con los CEAS (Centros de Acción Social).

Además, la ayuda cubre gastos corrientes vinculados a la adquisición de alimentos, pero no gastos de inversión. Este enfoque permite garantizar el uso directo de los fondos en la mejora de la calidad de vida de las personas beneficiarias.