La fiscal ha elevado de 58 a 60 años de prisión las penas solicitadas para el procesado Pablo Antonio S.H., conocido como El Chiqui, acusado de asesinar con un fusil a un vecino y al que fuera jefe de la Unidad Especial de la Guardia Civil el 1 de julio de 2022, en Santovenia de Pisuerga.

En concreto, el ministerio público considera los hechos un delito de asesinato por el que pide veinte años, otro de tentativa de asesinato por el que reclama ocho años, un delito de secuestro, por el que pedía cuatro años y ha subido a seis, y otro delito de asesinato en concurso ideal con un delito de atentado, por el que solicita 24 años de cárcel.

Por tenencia ilícita de armas, la acusadora pública demanda dos años de cárcel.

Las acusaciones de la fiscal se centran en que el procesado disparó con un rifle marca Mauser a su vecino Dionisio A., de 45 años, que resulto fallecido; intentó también matar a un hijo de este hombre; mantuvo como rehén durante horas al novio de su hijastra y asesinó con el mismo fusil al que fuera teniente coronel de la UEI en el momento de los hechos, Pedro Alfonso Casado, que tenía 50 años.

Durante este lunes, 10 de junio, la fiscal ha expuesto su informe final ante el jurado popular que deliberará sobre la culpabilidad del acusado y ha subrayado que El Chiqui cometió asesinato y no homicidio al matar a su vecino, al que pegó el tiro cuando la víctima se encontraba a la puerta de la casa en la que estaba el acusado, quien abrió y efectuó el disparo mortal.

Sin posible defensa de la víctima

El procesado se aseguró el resultado sin correr ningún riesgo y sin que la víctima se pudiera defender, ha argumentado la fiscal al alegar que existió alevosía y por tanto asesinato y citar las palabras del encausado en la vista oral, donde manifestó que ni siquiera habló con su vecino, al que disparó directamente.

Sobre el intento de asesinato al hijo de su vecino, la fiscal ha manifestado que el acusado no le mató debido a que la víctima salió corriendo por el portal del inmueble en siete segundos, después de que su padre hubiera recibido un tiro.

Acerca del secuestro, la representante del ministerio público ha detallado que el encausado sólo liberó al rehén cuando se cumplió la condición que impuso a los negociadores para que le soltara y que consistió en que le llevaran metadona.

Intencionalidad clara

La fiscal ha asentado su acusación del asesinato del jefe de la UEI en la "intencionalidad clara" del procesado, que estaba dentro de la casa con el rehén, sabía que la Guardia Civil estaba ante la vivienda y disparó al centro de la puerta de entrada al domicilio, lo que el procesado sabía que suponía una alta probabilidad de matar.

En el momento concreto en el que iba a disparar, el acusado no avisó de que iba a pegar un tiro y actuó de manera "traicionera" disparando justo a ese lugar, al centro de la puerta, ha sostenido.

El encausado sabía que tenía entre sus manos un fusil Mauser "con un poder destructivo absoluto", la bala atravesó el casco del teniente coronel, ha resumido la fiscal, quien ha aseverado que la intención de El Chiqui fue matar a un guardia civil.

Tras la exposición de la representante del ministerio público, se dirigirán al jurado las cuatro acusaciones particulares, la acción popular y la defensa.

Están personados como acusaciones particulares, la representación de la viuda y las hijas del teniente coronel fallecido, que reclama en total 84 años de prisión, el hermano del guardia civil, que solicita 60 y la familia del vecino del procesado que resultó muerto, que pide 75 años.

La acusación particular que ejerce el joven al que supuestamente el procesado tomó como rehén, solicita ocho por el secuestro y el Equipo de Victimas de la Guardia Civil reclama 83 años.

La defensa califica los hechos como dos delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas, desecha la existencia de secuestro o detención ilegal e intento de asesinato y solicita la aplicación de las atenuantes de drogadicción y arrebato u obcecación, por lo que pide aplicar las penas mínimas.

La defensa del acusado

La defensa de Pablo Antonio Santamaría, alías 'el Chiqui', acusado de las muertes de Dionisio Alonso y del jefe de la Unidad Especial de Intervención (UEI), el teniente coronel Pedro Alfonso Casado el 1 de julio de 2022 en Santovenia de Pisuerga, argumentó esta tarde, en su alegato final, que su cliente actuó bajo los efectos del alcohol y las drogas, además de padecer un trastorno delirante crónico que le hizo mentir en su declaración en fase de instrucción. Además, en un momento dado, llegó a reconocer, en referencia a su cliente "que este señor no está bien de la cabeza".

En su informe, el abogado defensor reconoció que su cliente "no es Teresa de Calcuta", pero también pidió al jurado que lo vea como un monstruo, dado que sus antecedentes penales se limitan se limitan a dos delitos contra la seguridad vial y a uno por tráfico de drogas por el que fue condenado a dos años.