La Asamblea de Apoyo a Pablo ha convocado en la mañana de este jueves una rueda de prensa para explicar los motivos por los que secundan al joven de 20 años que pintó la estatua de Colón y por los que la Fiscalía pide cinco años y tres meses de prisión, además de una multa de más de 10.000 euros a Pablo, encausado por el presunto lanzamiento de pintura a dicho monumento el 12 de octubre de 2019.

En la rueda de prensa han estado presentes el encausado Pablo, la portavoz de la plataforma de apoyo, Eva Valentín y compañeros de ambos. Tanto Pablo como la portavoz han destacado que, a día de hoy, la estatua se encuentra en un estado “perfecto e intacto”.

El juicio se celebrará el próximo lunes a las 10.00 de la mañana en la Audiencia Provincial de Valladolid. Desde la asamblea de apoyo han convocado un acto político y una fiesta anti represiva este viernes 3 de junio a las 20.00 en La Molinera. Por otro lado, el próximo lunes 6 de junio se celebrará una concentración a las 9.30 de la mañana para apoyar al encausado antes de entrar a su citación judicial. No obstante, el abogado de la defensa no ha podido estar presente y, por ello, no ha habido ronda de preguntas.

Pablo, el encausado, ha leído el siguiente comunicado:

“No cabe duda de que Cristóbal Colón fue un navegante de gran capacitación e indudable pericia y una figura de enorme trascendencia política. Lo cierto es que la travesía de Colón sienta en la historia las bases del primer capitalismo global en su fase mercantil, proceso histórico que no puedo desarrollarse sin el imperialismo, la esclavitud,  y el sentimiento militar, político, económico, cultural y religioso de los pueblos durante lo que se ha  venido a conocer como Edad Moderna.

La incapacidad institucional de hacer una revisión crítica de lo que supuso la España colonial constituye un problema político de primer orden en las relaciones internacionales entre el Estado español y los pueblo de América Latina. Que sepamos, nadie está en la cárcel por ninguna de las protestas desarrolladas contra los símbolos conmemorativos del hecho colonial a ambos lados del charco.

Nos merece una especial consideración la postura y petición de la Fiscalía de cinco años y tres meses de prisión, inhabilitación para ejercer como docente o monitor y una multa de más de 10.000 euros. Viendo el relato que se hace, podríamos tomarla como una forma de proceder plenamente inquisitorial, queda patente que la fiscal no trata de alcanzar justicia, sino de aplicar venganza mediante un castigo ejemplarizante. Nuevamente se pone de manifiesto la excepcionalidad en que está instalada la Administración de Justicia en el Estado español cuando busca establecer un “delito de odio contra los sentimientos de los ciudadanos españoles” donde tan solo cabe deducirse una acción de protesta contra la lectura fanática y xenófoba que se hace del pasado colonial.

Adicionalmente, nos parece obligado denunciar la actividad de la Brigada de Información de la Policía Nacional. Es increíble que un joven de 20 años aparezca identificado visualmente por la Brigada de Información en media docena de actos, manifestaciones o conciertos únicamente por su orientación ideológica y su filiación política".