El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid ha instado por carta a los afectados en el caso del supuesto 'cambiazo' de ataúdes por otros más baratos en el grupo funerario El Salvador, que podría haber afectado a "miles de personas" durante dos décadas.

En la misiva, el juzgado se dirige a los familiares de los fallecidos incluidos "en el listado de perjudicados a los que ha podido sustraer el féretro antes de si incineración". Para ello ofrecen un plazo de veinte días para que comunique si desean denunciar los hechos o si ya han formulado la correspondiente denuncia en Comisaría de Policía.

Asimismo, el juzgado solicita a los perjudicados que, en caso de denunciar, tienen que aportar: "libro de Familia, testamento o declaración de herederos". Asimismo, también se pide "factura de gastos de la funeraria o documento acreditativo de los mismos" y si hubiera compañía aseguradora "el nombre de la misma y el número de póliza".

Precisamente este hecho es que va hacer que muchos de los afectados no denuncien ya que no conservan factura alguna del servicio funerario. TRIBUNA ha podido conversar con un familiar afectado. Se trata del sobrino de una mujer fallecida hace ya quince años. "Mi padre que también ha fallecido se encargó de todos los gastos del funeral de su madre. Nosotros no conservamos ninguna factura o justificante de aquello, con lo cual no podremos formular la denuncia".

Asegura sentirse "impotente" por no poder acudir a la justicia, después de este "desagradable incidente". Asimismo, este periódico ha podido contactar con otra afectada. Se trata de la hija de un hombre que murió hace 12 años y que también fue incinerado. Tampoco conserva documentación. "En una mudanza tiramos bastantes papeles, entre ellos la factura del funeral de mi padre, con el gasto de ataúd, tanatorio, flores y todos lo que conlleva un entierro. Recuerdo que fueron aproximadamente 6.000 euros". Prefiere mantener el anonimato y asegura sentir "rabia" por el presunto cambiazo de caja que sufrió su padre al entrar al horno crematorio.

"No podemos denunciar y la verdad es que nos fastidia mucho. No por la compensación que pudiéramos obtener que suponemos que no será mucho sino porque se haga Justicia con estos señores que ha utilizado algo sagrado y tan doloroso como la muerte de un familiar para hacer caja, nunca mejor dicho", explica visiblemente afectada esta mujer, a quien le costa que son muchos los familiares que están en su caso y no podrán acudir a los juzgados.

Hace tan solo unos días, se conocía que la instructora llamará a declarar el próximo 16 de septiembre como investigados a cinco integrantes de la familia Morchón.

INFORME INCRIMINATORIO DE LA POLICÍA

Hace unos meses, un informe elaborado por Policía Nacional en Valladolid, a partir del análisis de una veintena de dietarios ocupados en el Cementerio Parque El Salvador, sostenía que hubo actuación delictiva por parte de los responsables y trabajadores del mismo al hacer creer a los familiares de los fallecidos que éstos eran incinerados en el tanatorio de la capital, cuando en realidad se efectuaba en instalaciones de Santovenia, una vez realizada la supuesta 'sustracción' de ataúdes.

El informe entregado en el Juzgado de Instrucción número 6 se enmarca en las pesquisas llevadas a cabo por el Grupo UDEV-I de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Valladolid en el entorno del grupo empresarial El Salvador, por las que la juez titular mantiene en calidad de investigadas a 25 personas, entre ellas miembros de la familia Morchón, titular del negocio.

Europa Press informa que los peritos han analizado un total de 22 dietarios -desde 1997 a 2019, si bien falta el de 2017- con ocasión de los registros llevados a cabo en varias de las instalaciones del citado grupo empresarial el 31 de enero de 2019, fecha de 'explotación' de la denominada 'Operación Ignis'. La documentación se intervino en dependencias del Cementerio Parque El Salvador, en Santovenia de Pisuerga.

La veintena de dietarios ha sido además cotejada con las 26 libretas intervenidas al extrabajador Justo M.G, cuyas manifestaciones destaparon el supuesto escándalo registrado entre los años 1995 y 2015 en el grupo funerario, periodo en el que, presuntamente, se dio el 'cambiazo' a féretros de alta calidad por otros mucho más barato antes del proceso crematorio.

Al respecto, la policía constataba que las declaraciones del extrabajador, quien reconoció que en muchos casos las incineraciones no se realizaban en el Tanatorio El Salvador sino en el cementerio, "evidencian que los datos aportados por éste se ajustan a la realidad", y ello a pesar de que la defensa de los investigados haya puesto en tela de juicio la veracidad de sus afirmaciones e incriminaciones y enmarque todo en un intento de extorsionar a la familia Morchón.